Constitución de la Provincia P7

CAPITULO XXIII
DEFENSOR DEL PUEBLO (artículo 235)

Artículo 235: Jurisdicción y competencia
Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pú blica provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones. Tiene, asimismo a su cargo la defensa de los intereses difusos o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuaciones son gratuitas para el administrado. La ley establece su forma de designación, requisitos, funciones, competencia, duración, remoción y procedimiento de actuación del defensor del pueblo.

CAPITULO XXIV
FISCAL DE ESTADO (artículos 236 al 237)

Artículo 236: Requisitos - Nombramiento - Inamovilidad
Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por el término de cuatro años. Puede ser removido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados conforme a las causales previstas en esta Constitución.

Artículo 237: Funciones
El Fiscal de Estado es encargado de defender los intereses de la Provincia. A tal efecto:
1) Interviene en el contralor de legitimidad del acto administrativo.
2) Es parte legítima y necesaria en los juicios contencioso- administrativos y en toda controversia Judicial y/o administrativa en que puedan resultar afectados los intereses provinciales.
3) En su caso acciona ante quien corresponda, para que se declare la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, carta municipal, ordenanza, resolución o acto administrativo.

CAPITULO XXV
TRIBUNAL DE CUENTAS (artículos 238 al 246)

Artículo 238: Jurisdicción y competencia
El Tribunal de Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia tiene las siguientes atribuciones:
1) Examina y fiscaliza las cuentas de percepción, gastos e inversión de las rentas públicas provinciales, reparticiones autárquicas, entes descentralizados y municipalidades, aprobándolas o desaprobándolas; en este último caso, determina los responsables, como también el monto, las causas y los alcances respectivos.
2) Inspecciona a los efectos de las cuentas, los organismos provinciales y municipales que administran fondos, como así también requiere la revisión de la documentación que estime pertinente.
3) Fiscaliza la correcta inversión de los fondos del Estado que se otorgan a las instituciones privadas.

Artículo 239: Sentencia - Recursos
Los fallos que emite hacen cosa juzgada en cuanto a si la percepción e inversión de fondos es hecha o no de acuerdo a esta Constitución y las normas legales respectivas, siendo sólo susceptible de los recursos que la ley establece, por ante el Superior Tribunal de Justicia.

Artículo 240: Ejecutoriedad
Los fallos del Tribunal de Cuentas quedan ejecutoriados treinta días después de su notificación y las acciones a que den lugar se ejercen por el Fiscal de Estado ante quien corresponda.

Artículo 241: Integración
Está integrado por cinco miembros con título habilitante, tres de ellos en ciencias económicas y dos en abogacía, inscriptos en sus respectivas matrí culas, tener veinticinco años de edad y cinco años en el ejercicio de la profesi ón o en el desempeño de un cargo que requiera tal condición.

Artículo 242: Elección y duración
Los miembros del Tribunal de Cuentas se eligen de la siguiente manera:
1) Tres de ellos por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo, conservan sus cargos mientras dura su buena conducta y cumplan las obligaciones legales conforme a las disposiciones de esta Constitución.
2) Los dos miembros restantes por la Asamblea Legislativa a propuesta, uno de la mayorí a y el otro por la minoría. Duran dos años en sus funciones, coincidiendo su mandato con las renovaciones legislativas.

Artículo 243: Presidencia - Elección
El Presidente de este cuerpo se elige anualmente por todos sus miembros de entre los contemplados en el Art. 242 Inc.1 de este capítulo.

Artículo 244: Independencia
La Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas garantiza:
1) La independencia e inviolabilidad funcional del Tribunal.
2) La intangibilidad de los sueldos de sus miembros.
3) La facultad de elaborar su propio presupuesto, de designar y remover el personal con arreglo a esta Constitución, estructurando carreras técnico-administrativas internas.

Artículo 245: Incompatibilidades - Remoción
Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas incompatibilidades y prohibición es que los miembros del Poder Judicial. Son removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, según el procedimiento allí establecido.

Artículo 246: Funciones preventivas - Allanamiento
Son funciones propias del Tribunal de Cuentas impartir las instrucciones y recomendaciones necesarias para prevenir cualquier irregularidad en la administración de fondos p úblicos en la forma y con arreglo al procedimiento que la ley determina. Cuando en el desempeño de su actividad, disponga allanar domicilios debe requerir en forma previa, la correspondiente autorización del Juez competente.

CAPITULO XXVI
REGIMEN MUNICIPAL (artículos 247 al 280)

Artículo 247: Definición de municipio
Esta Constitución reconoce al municipio como una comunidad natural con vida propia e intereses específicos, con necesarias relaciones de vecindad. Como consecuencia de ello es una institución política-administrativa-territorial, que sobre una base de capacidad económica, para satisfacer los fines de un gobierno propio, se organiza independientemente dentro del Estado, para el ejercicio de sus funciones, que realiza de conformidad a esta Constitución y a las normas que en su consecuencia se dictan.

Artículo 248: Autonomía municipal
Se reconoce autonomía política, administrativa y financiera a todos los municipios. Aquellos que dicten su carta orgánica municipal, gozan además de autonomía institucional.

Artículo 249: Organización del régimen municipal
El régimen municipal se organiza teniendo en cuenta el número de habitantes dentro del éjido de cada población permanente, determinado por ley en base a los censos nacionales, provinciales o municipales.

Artículo 250: Comisiones
El gobierno municipal en las poblaciones permanentes que cuentan entre 801 y 1500 habitantes es ejercido por una Comisión Municipal integrada por un presidente y un consejo de vecinos compuesto por tres (3) miembros, elegidos, por el pueblo en sufragio universal, asegur ándose en este último la representación de las minorías.

Artículo 251: Intendente comisionado
En los centros urbanos de hasta 800 habitantes el gobierno municipal es ejercido por un intendente comisionado elegido por el pueblo a simple pluralidad de sufragios. En forma conjunta se elige un intendente comisionado suplente, quien lo reemplaza en caso de vacancia definitiva del mismo.

Artículo 252: Delegación municipal
En los centros rurales que cuenten con más de 80 electores puede crearse por ley una delegación municipal que depende del municipio más cercano y está a cargo de un delegado, elegido por los mismos en sufragio universal, a simple pluralidad, simult áneamente con un delegado suplente que lo reemplaza en caso de vacancia. La ley determina los requisitos para ser delegado y sus funciones, de acuerdo a las siguientes bases: 
1) Conjuntamente con el intendente municipal o presidente de comisión o intendente comisionado según corresponda, elabora y eleva un proyecto de presupuesto del centro rural; la memoria y balance del ejercicio y el proyecto de régimen tributario al Poder Ejecutivo, el cual aprueba o desaprueba los mismos y en su caso provee los recursos que atiendan las necesidades de financiamiento.
2) Percibe las tasas, patentes y contribuciones que correspondan a su delegación.
3) Está a su cargo la ejecución de las obras públicas, contralor de las privadas, cumplir y hacer cumplir las resoluciones y ordenanzas de la municipalidad, intendente comisionado o presidente de comisión según corresponda.

Artículo 253: Convocatoria a Elecciones
El Poder Ejecutivo de la Provincia convoca a elecciones para las comisiones municipales, intendentes comisionados y delegados Municipales. La validez de éstas son juzgadas por la Justicia Electoral.

Artículo 254: Carta Orgánica municipal
Las municipalidades que cuentan con un número de habitantes mayor de 25.000, pueden dictar su propia carta orgánica municipal conforme a esta Constitución, asegurando las siguientes condiciones básicas:
1) Los principios del régimen democrático, representativo y participativo.
2) La existencia de un departamento ejecutivo unipersonal y un consejo deliberante conformado según lo establecido en el artículo 257 de esta Constitución.
3) Un régimen de elección directa con un sistema que asegure la representaci ón de las minorías.
4) Un sistema de control de legalidad del gasto.
5) El procedimiento para su reforma.

Artículo 255: Convención municipal
La carta orgánica municipal es dictada por una convención municipal convocada al efecto por el departamento ejecutivo municipal, previa ordenanza que la autorice. La fecha de elección no puede coincidir con elecciones nacionales o provinciales. La convenci ón municipal es integrada por un número igual al doble de los miembros del concejo deliberante. Para ser convencional municipal se requieren las mismas condiciones que para ser concejal.

Artículo 256: Municipalidades
Toda población permanente que cuente con más de 1.500 habitantes, tiene una municipalidad. En los departamentos donde no existan municipalidades de conformidad con el p árrafo precedente, su respectiva cabecera departamental se constituye en municipalidad, contando su concejo deliberante con el mínimo de concejales fijados por esta Constituci ón.

Artículo 257: Organismos municipales
Son órganos de gobierno de las municipalidades:
1) Un departamento ejecutivo a cargo de un intendente municipal, quien es elegido directamente por el pueblo del municipio, a simple pluralidad de sufragios.
2) Un concejo deliberante cuya integración se establece sobre las siguientes bases: De 1.501 a 2.500 habitantes cuatro concejales. De 2.501 a 5.000 habitantes cinco concejales. De 5.001 a 7.000 habitantes siete concejales. De 7.001 a 9.000 habitantes nueve concejales. De 9.001 a 25.000 habitantes diez concejales. De 25.001 a 50.000 habitantes doce concejales y uno más por cada cincuenta mil habitantes o fracción no inferior a 25.000. Los concejales son elegidos directamente por el pueblo del municipio, asegurándose la representación de las minorías. Conjuntamente con los concejales titulares se elige igual número de suplentes, quienes reemplazan a aquellos, de la misma forma que los diputados suplentes a los titulares en la Legislatura.

Artículo 258: Atribuciones y deberes del Concejo Deliberante
Son atribuciones y deberes de los concejos deliberantes, dictar ordenanzas y reglamentos sobre: 
1) Salubridad y moralidad públicas, sin perjuicio del ejercicio de las facultades concurrentes de la Nación y de la Provincia, cuando exista un interés provincial y/o nacional comprometido.
2) Servicios públicos, pudiendo disponer su concesión a empresas estatales o particulares con límites de tiempo. Tratándose de concesión a empresas privadas, ésta se otorga mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo, previa licitación pública, si ésta correspondiere. 
3) Urbanismo, seguridad, recreos y espectáculos públicos.
4) Obras públicas, catastro, códigos urbanísticos, vialidad, parques y paseos públicos.
5) Transportes y comunicaciones urbanas.
6) Educación y cultura; servicios sociales, asistenciales y deportes.
7) Abastos y cementerios.
8) Rentas del municipio, estableciendo tributos sobre materia que autorice la ley o carta municipal respectiva.
9) Presupuesto de gastos y cálculo de recursos que debe sancionarse anualmente antes de la iniciación de cada ejercicio.
10) La cuenta de inversión de los fondos municipales aprobándola o desaprobándola.
11) Disposición de los bienes municipales requiriéndose los dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros para su autorización. La enajenación de bienes inmuebles debe realizarse por subasta pública. La ordenanza o carta municipal respectiva, puede autorizar distintas formas de disposición de sus bienes, pero cuando se transfieran éstos por otros debe acreditarse indefectiblemente la razonabilidad de la operación.
12) La contratación de empréstitos y realización de operaciones de cr édito para un fin u objeto determinado, los que no pueden ser contraídos para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. La autorización requiere el voto de los dos tercios del total de los miembros del concejo deliberante. Los servicios de amortización e intereses no deben superar el 25% de los recursos ordinarios.
13) Creación de comisiones investigadoras, integradas por miembros del cuerpo, para que informen sobre la marcha de la administración.
14) Expropiación de bienes que se conceptúan necesarios para el ejercicio de sus poderes, previa declaración de utilidad pública de los mismos e indemnización del valor de ellos, según las disposiciones de las ordenanzas respectivas.
15) Tratados de mutuo interés con otros entes de derecho público y privado.
16) Utilización de la consulta popular cuando lo estime necesario. La ley establece los casos en que se ejercen los derechos de iniciativa y revocatoria.
17) Conservación del patrimonio arquitectónico local, medio ambiente y recursos naturales.
18) Explotación de yacimientos de arena y piedra, otorgando permisos en concesió n para su uso, por plazas no mayores de diez años, en las márgenes de los lagos y ríos que se encuentran dentro del territorio municipal.
19) Autorización al departamento ejecutivo para comprometer fondos en cooperativas para la prestación de servicios públicos, conforme lo determina la ley o carta municipal.
20) Todas las demás atribuciones y facultades que hagan a la prosperidad y bienestar del municipio, pudiendo tipificar faltas compatibles con la naturaleza de sus poderes.

Artículo 259: Validez de los títulos
El concejo deliberante es el único y exclusivo juez de la validez de las elecciones, los derechos y títulos de sus miembros.

Artículo 260: Período de sesiones
Los concejos deliberantes sesionan por lo menos durante dos períodos al año. El n úmero de meses de sesiones ordinarias, no puede ser inferior a nueve. Pueden ser convocados a sesiones extraordinarias por el intendente o por el presidente del cuerpo, a solicitud de la mitad de sus miembros. En ambos casos, el concejo tiene derecho de apreciar la necesidad de la medida.

Artículo 261: Atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo Municipal
Son atribuciones y deberes del departamento ejecutivo municipal:
1) Promulgar, publicar y hacer cumplir las ordenanzas sancionadas por el concejo deliberante. 
2) Reglamentar las ordenanzas municipales en los plazos que correspondan y si no se hubieren fijado, dentro de los ciento ochenta días de promulgadas. Si vencido ese plazo no se las reglamenta, debe hacerlo el concejo deliberante, si corresponde, por el procedimiento para la formación de las ordenanzas y no pueden ser vetadas ni reglamentadas nuevamente. En ningún caso la falta de reglamentación de las ordenanzas pueden privar a los habitantes de los derechos que en ella se consagran.
3) Administrar los bienes municipales, adquirir y disponer de los mismos de conformidad a lo dispuesto en esta Constitución, carta constitucional cuando corresponde o ley orgánica municipal.
4) Nombrar y remover los funcionarios y demás agentes de la administración municipal, con sujeción a los principios de estabilidad consagrados en esta Constitución.
5) Vetar total o parcialmente, dentro de los diez días de recibido los proyectos de ordenanzas sancionados por el concejo deliberante, expresando en detalle los fundamentos del veto. Si no lo hace se consideran promulgados. Si fuesen vetados y el concejo deliberante insiste con dos tercios del total de sus miembros, se consideran definitivamente sancionados. 
6) Remitir por lo menos semestralmente, una memoria y balance del estado de la administración al concejo deliberante.
7) Proceder a la convocatoria de electores para toda elección municipal con sesenta días de anticipación como mínimo, debiendo publicarse la convocatoria como lo establece la ley o carta orgánica municipal, según corresponda.
8) Contratar servicios públicos y otorgar permisos o concesiones a particulares con l ímites de tiempo, en la forma determinada en esta Constitución.
9) Ejecutar por el sistema que fija la ley, las obras que estime convenientes.
10) Expropiar bienes con fines de interés general y enajenar en subasta pública los bienes inmuebles municipales, con las dos terceras partes de los votos favorables del concejo deliberante.
11) Fomentar la educación y el desarrollo cultural mediante la participación plena de sus habitantes. Puede crear establecimientos educativos en los distintos niveles y modalidades, de conformidad a las leyes que los reglamentan, y bibliotecas públicas, propendiendo a la formación de las populares.
12) Creación de concejos económicos sociales exclusivamente como órganos de asesoramiento y consulta.
13) Participación por medio de representantes, en los organismos provinciales de planificación y/o desarrollo, cuyas disposiciones afecten directamente los intereses municipales.
14) Recaudar e invertir sus recursos, dando publicidad por lo menos trimestralmente del estado de sus ingresos y egresos.
15) Prestar servicios locales, explotar directa o indirectamente yacimientos de arena y piedra y otorgar permisos, concesiones para su uso por plazos no mayores de diez años, en m árgenes de los lagos y ríos que se encuentran dentro del territorio municipal.
16) Comprometer con autorización del concejo deliberante, fondos municipales en cooperativas para la prestación de servicios públicos, según lo determina esta Constitución.
17) Ejercer el poder de policía municipal pudiendo imponer sanciones en los casos de contravenciones a sus reglamentos; en tales casos puede hacer uso de la fuerza pública y recabar orden judicial de allanamiento. Ningún funcionario de la Provincia puede negar a los municipios el concurso de la fuerza pública para el cumplimiento de los fines aquí dispuestos.
18) Convocar al concejo deliberante a sesiones extraordinarias, cuando algún asunto urgente de interés público lo requiera sin perjuicio del derecho de aquel de apreciar la necesidad de la medida, una vez reunido.
19) Realizar cualquier otra función de interés local que no está prohibida a las municipalidades por sus disposiciones orgánicas respectivas y no sean incompatibles con los demás poderes del Estado.

Artículo 262: Orden de sucesión del intendente municipal
En caso de vacancia, ausencia u otro impedimento del intendente, ejerce sus funciones el presidente del concejo. En la vacancia definitiva hasta que se elija quién ha de reemplazarlo, y en lo demás hasta que cese el impedimento.

Artículo 263: Destitución - causales
Los Intendentes y miembros del Concejo Deliberante pueden ser destituidos por las siguientes causales:
1) Condena penal por delito doloso.
2) Inhabilidad física o mental sobreviniente.
3) Reiterado incumplimiento de sus funciones.

Artículo 264: Suspensión
El concejo deliberante puede, por simple mayoría de votos de la totalidad de sus miembros, suspender en sus funciones al intendente y miembros del concejo deliberante, cuando exista proceso penal por delito doloso que conlleve a la prisión preventiva y é sta haya sido dictada, o por inhabilidad física o mental sobreviniente transitoria y hasta que cese la misma.

Artículo 265: Procedimiento de la destitución
A los efectos de la destitución se debe sustanciar juicio que asegure el derecho de defensa al inculpado, por el procedimiento que establece la ley o carta orgánica municipal y sobre las siguientes bases:
1) Interpuesto el pedido de destitución por cualquier elector municipal se declara, por el concejo deliberante, la admisibilidad formal del mismo por simple mayoría del total de sus miembros. Inmediatamente se le hacen saber al inculpado las causales que se le imputan. 
2) Se fija una sesión especial del concejo deliberante para que el inculpado produzca su descargo, la que se celebra dentro de los treinta días desde que se le hacen conocer las causas que se mencionan en el inciso anterior.
3) En la referida sesión el inculpado puede estar presente y ser asistido por letrados. 
4) Se oraliza toda la prueba documental que se produzca y se recepta en la misma sesión, la testimonial cuya pertinencia se haya declarado.
5) Terminada la sesión aludida en el inciso anterior, el concejo deliberante dicta resolución fundada sobre cada una de las causales que la han motivado, dentro del plazo de diez días. Para disponer la destitución se requiere el voto afirmativo de los dos tercios del total de los miembros del concejo deliberante.

Artículo 266: Duración del juicio
El juicio de destitución dura hasta noventa días a partir desde que se le hace conocer al inculpado la acusación. Si excede ese tiempo, se opera la nulidad de lo actuado. No puede formularse nueva acusación por las mismas causales.

Artículo 267: Requisitos para ser elegidos
Para ser elegido intendente municipal, concejal, presidente de comisión, miembros del concejo de vecinos o intendente comisionado, se requiere:
1) Estar comprendido en el padrón respectivo del municipio.
2) Cumplir los requisitos exigidos para ser diputado provincial.
3) Para los intendentes municipales, se requiere además tres años de residencia inmediata y efectiva en el municipio.

Artículo 268: Duración de los mandatos
Los intendentes municipales, presidentes de comisión, intendentes comisionados y delegados municipales, duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos por un período consecutivo. Los integrantes de los concejos de vecinos y los concejales, duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Estos últimos se renuevan por mitad cada dos años.

Artículo 269: Electores municipales
Son electores municipales:
1) Los argentinos inscriptos en el padrón electoral correspondiente a la jurisdicci ón territorial del municipio.
2) Los extranjeros mayores de dieciocho años, con un año de residencia inmediata en el lugar, inscriptos en el padrón especial que lleva la Comuna. Este padrón debe ser rubricado por el Juez Electoral y confeccionarse observando las formalidades que determina la ley. Todo elector tiene derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria en los casos y forma que reglamenta la ley.

Artículo 270: Recursos
Las municipalidades, cualquiera sea su tipo, tienen los siguientes recursos:
1) Las tasas por los servicios que presta, patentes y contribuciones locales.
2) El producto de la actividad económica que realice, los servicios que preste o los otorgados por concesión.
3) Las multas y recargos por contravención.
4) El producto de los empréstitos y operaciones de créditos.
5) Los impuestos sobre ramos que la ley específica señala.
6) Las donaciones o subsidios.
7) Contribución por mejoras en relación con la valorización del inmueble como consecuencia de una obra pública municipal.
8) El producto de la enajenación de bienes municipales, servicios de peaje, y rentas de bienes propios.
9) Los de coparticipación federal y provincial, debiendo asegurarse el porcentaje y distribución automática por ley en base de los principios de solidaridad y equidad que contribuya a asegurar la autosuficiencia económica de los municipios, teni éndose en cuenta la promoción del crecimiento económico sostenido, integrado y armónico de las distintas poblaciones de la Provincia y las exigencias de las prestaciones de servicios, su capacidad contributiva y poblacional. En la contribuci ón se debe favorecer a los municipios de menores recursos propios. 10) Aportes que efect úe el Estado Nacional o Provincial destinado a obras comunales específicas de desarrollo y progreso comunitario o de otra índole y los que resultan de convenios inter-municipales.

Artículo 271: Jurisdicción territorial municipal
La jurisdicción de las comisiones y de los intendentes comisionados es fijada por la ley respectiva procurando se corresponda con el partido.

Artículo 272: Declaración de bienes
Los intendentes municipales, miembros del concejo deliberante, miembros de comisión, intendentes comisionados, delegados y secretarios de las distintas áreas con que cuenta cada municipio, están obligados, previo al ingreso y egreso de sus cargos, a manifestar sus bienes en la forma que lo determina el art. 26 de esta Constitución.

Artículo 273: Inmunidades
Las autoridades municipales elegidas directamente por el pueblo, no pueden ser acusadas, procesadas, interrogadas judicialmente, molestadas ni reconvenidas por autoridad alguna en virtud de las opiniones o votos que hayan emitido en el desempeño de su cargo.

Artículo 274: Juntas vecinales
Los municipios pueden patrocinar la creación e integración de juntas vecinales, para fines de interés general de la jurisdicción del vecindario, de conformidad a la ley o Carta Orgánica Municipal.

Artículo 275: Participación sectorial
Las juntas vecinales, organismos sindicales y toda otra asociación representativa de los sectores de la comunidad, pueden presentar al concejo deliberante anteproyectos de ordenanzas. Quedan excluidos de esta facultad, los anteproyectos de ordenanzas que traten sobre tasas y gravámenes municipales.

Artículo 276: Responsabilidad del municipio
Los municipios de cualquier tipo pueden ser demandados sin requisitos previos. Si son condenados a pagar sumas de dinero, sus rentas pueden ser embargadas cuando el órgano competente no arbitre el medio para efectivizar el pago dentro de los seis meses de la fecha en que la sentencia condenatoria quede firme. En ningún caso los bienes afectados a servicios públicos, pueden ser embargados.

Artículo 277: Valor de los actos jurídicos
Los actos y contratos emanados de autoridades municipales establecidas por subversión institucional, son de ningún valor y su nulidad puede ser demandada, ante los tribunales competentes.

Artículo 278: Acción contra actos municipales
La parte que se considere damnificada puede deducir acción contra la ilegalidad de una ordenanza municipal y la reparación del perjuicio causado, sin que ésto impida la ejecución de la ordenanza. El pleito es en tal caso contencioso- administrativa y su fallo corresponde al Superior Tribunal de Justicia. En todos los demás casos en que los actos de las municipalidades, obrando éstas como personas jurídicas diesen origen a acciones civiles, son judiciables ante los jueces respectivos como cualquier otra persona civil.

Artículo 279: Intervención
Las municipalidades pueden ser intervenidas por el Poder Ejecutivo de la Provincia en los siguientes casos:
1) Acefalía total de sus autoridades, para asegurar la inmediata constitución de éstas.
2) Grave desorden económico-financiero que se traduzca en la falta de pago de los servicios de la deuda pública y/o genere un déficit susceptible de comprometer la estabilidad financiera del municipio. En ambos, casos, la intervención debe ser dispuesta por ley con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura Provincial. Dicha ley indica la duración y da instrucciones precisas para cumplir el cometido de remover el impedimento de que se trata. En caso del inciso primero, el interventor designado por el Poder Ejecutivo debe llamar a elecciones para integrar las vacantes. Las elecciones deben realizarse dentro de un plazo de sesenta días, a contar de la fecha del decreto de intervención y se utiliza para las mismas el último padrón electoral aprobado. La intervención debe atender los servicios municipales, de conformidad con las ordenanzas vigentes.

Artículo 280: Intervención en caso de receso legislativo
En caso de receso de la Legislatura, el Poder Ejecutivo puede decretar la intervención ad-referendum de la misma, convocándola en el mismo acto administrativo y a tal efecto, a sesiones extraordinarias.